La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) ha emitido alertas sobre el aumento del delito de extorsión en el país, identificándolo como un obstáculo significativo para la operación y el desarrollo económico. Este fenómeno afecta a casi dos tercios del territorio nacional y ha mostrado un incremento del 78% en la última década, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En 2025, 20 de las 32 entidades federativas reportaron aumentos en este delito, reflejando su expansión y su impacto en la actividad económica.
En Puerto Vallarta, la extorsión impacta especialmente a las micro y pequeñas empresas, fundamentales para el empleo formal. La forma más común de extorsión en la región es a través de llamadas telefónicas, donde los delincuentes impersonan a miembros de grupos criminales o autoridades, generando intimidación para obtener dinero, señaló Francisco Gabriel Vizcaíno
Este problema no solo provoca pérdidas económicas, sino que también afecta la confianza empresarial y la inversión, así como la estabilidad social y turística. La percepción de inseguridad tiene repercusiones directas sobre la competitividad, especialmente en una ciudad dependiente del turismo.
La reciente Ley General para Prevenir y Combatir la Extorsión busca establecer un marco jurídico que potencie la capacidad de respuesta ante este delito. Se proponen unidades especializadas en fiscalías y protocolos de atención a víctimas. Desde COPARMEX, se destaca la importancia de implementar esta ley de manera efectiva en el ámbito local, con un enfoque particular en la protección de las micro y pequeñas empresas.
Para hacer frente a la extorsión, es esencial una coordinación efectiva entre los gobiernos, el sector empresarial y la sociedad civil. Es necesario desarrollar campañas informativas que ayuden a identificar y frenar intentos de extorsión. La extorsión no debe ser aceptada como parte de la normalidad. Proteger a las empresas locales es vital para salvaguardar el empleo, la inversión y la estabilidad social de Puerto Vallarta. La implementación de la nueva ley debe reflejarse en acciones concretas que restauren la confianza en el entorno económico de la ciudad.
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